Sin atenuantes

Por desgracia, no pasa mucho tiempo sin que las páginas de este diario registren una nueva y absurda tragedia en las calles colombianas, causada por un conductor embriagado. Esta vez el accidente se presentó en la Autopista Norte de Bogotá, con el cruento saldo de una víctima fatal, una mujer de 53 años, y cinco personas heridas. En el mismo fin de semana, en Bucaramanga, otro borracho al volante estrellaba su automóvil y dejaba seis lesionados, incluidos dos menores de edad. A la lista se añade lo ocurrido recientemente en Valledupar, donde la vida de dos adolescentes fue segada por un irresponsable que manejaba con tragos.

El número de heridos y fallecidos sigue y sigue a lo largo y ancho del país. Según datos de la Policía de Carreteras, en lo corrido del año, 219 personas han muerto en Colombia en accidentes ocasionados por conductores en estado de embriaguez. Unos 917 choques han contado con el consumo de alcohol como protagonista y se han registrado más de mil personas heridas. Las autoridades reportan en este año más de 20.000 comparendos impuestos a ciudadanos que han sido descubiertos al mando de un vehículo con tragos en la cabeza. Estos guarismos constituyen un alarmante indicador del grado de desprecio por la vida ajena que muestran miles y miles de compatriotas. Sin peros ni atenuantes, conducir embriagado es un delito que convierte un automóvil en un cañón con ruedas y al chofer en un criminal sobre el que debe caer todo el peso de ley.

Semejantes tragedias continúan enlutando a cientos de familias cada año a pesar de que el Estado ha tomado contundentes medidas para castigar a los irresponsables. El Gobierno desplegó una masiva campaña informativa a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 1326 del año pasado, que endurece las penas contra los conductores ebrios. Que la presencia del alcohol sea considerada un agravante -y no una excusa ni una razón para un castigo menor- es un innegable avance, que fortalece tanto el castigo judicial como el rechazo social a esta conducta. Sin embargo, los códigos terminan por enviar a los infractores a disfrutar del beneficio de la casa por cárcel cuando no tienen antecedentes.

Eso fue precisamente lo que sucedió en el accidente de la Autopista Norte, que ha despertado la indignación de todo el país.

Las víctimas, quienes llegan adoloridas física y emocionalmente a los tribunales, ven a los asesinos al volante gozar de libertad por decisiones de los jueces. En muchos casos, mientras aquellos enfrentan el proceso penal desde la comodidad de sus hogares, a los heridos les toca esperar su recuperación en los pabellones de los hospitales. En ocasiones, estos últimos terminan conciliando por sumas económicas, pero eso no cura los traumas.

Por tal motivo, tal tolerancia y consideración no pueden continuar y el tratamiento de la Justicia para estas conductas criminales debe reflejar el rechazo generalizado de la sociedad. Una medida es la aprobación de una norma que califique como delito el solo hecho de manejar borracho sin necesidad de estar involucrado en un accidente con saldo trágico.

Otra sería la adopción de criterios más estrictos a la hora de que los jueces de garantías concedan beneficios domiciliarios, rebajas de penas y libertades condicionales. De hecho, el Ministerio del Interior y de Justicia anunció ayer una reforma del Código de Procedimiento Penal que introduciría un tratamiento más severo para los conductores embriagados que generen graves lesiones a la integridad de transeúntes y pasajeros. La dureza en todas las etapas del proceso judicial debe acompañar el castigo de la sociedad contra los que mezclan licor y gasolina sin importar las tragedias que dejan a su paso.

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